A
Anónimo
Invitado
Hay que poner una demanda masiva en contra de todas las operadoras de telefonía porque
si las compañías telefónicas no garantizan privacidad en el servicio de ADSL, no se está contratando un servicio privado por el que tenga que pagar cada usuario, puesto que el servicio está siendo utilizado por todo el mundo, cualquier persona tiene acceso al vínculo "privado" entre la operadora y el cliente, así que no es un servicio privado, sino público y universal, por lo tanto, el supuesto contrato privado con cada cliente, es inexistente, es obsoleto, es inválido, es nulo, amén de que se está violando, como una catedral, la Ley de Protección de Datos y se le está co- robando, quiero decir..., cobrando al usuario, por un servicio privado, que no se le está dando.
Y personas ajenas están "asaltando" las instalaciones de las operadoras de telefonía, para hacer uso indebido de los datos privados (o al menos deberían serlo), entre la operadora a la que se le paga por ese servicio y el usuario y que al manipular esos datos "privados", están violando los derechos constitucionales que garantiza la Constitución Española en el Artículo 20, además de que las compañías telefónicas estan violando la Ley de Protección de Datos.
si las compañías telefónicas no garantizan privacidad en el servicio de ADSL, no se está contratando un servicio privado por el que tenga que pagar cada usuario, puesto que el servicio está siendo utilizado por todo el mundo, cualquier persona tiene acceso al vínculo "privado" entre la operadora y el cliente, así que no es un servicio privado, sino público y universal, por lo tanto, el supuesto contrato privado con cada cliente, es inexistente, es obsoleto, es inválido, es nulo, amén de que se está violando, como una catedral, la Ley de Protección de Datos y se le está co- robando, quiero decir..., cobrando al usuario, por un servicio privado, que no se le está dando.
Y personas ajenas están "asaltando" las instalaciones de las operadoras de telefonía, para hacer uso indebido de los datos privados (o al menos deberían serlo), entre la operadora a la que se le paga por ese servicio y el usuario y que al manipular esos datos "privados", están violando los derechos constitucionales que garantiza la Constitución Española en el Artículo 20, además de que las compañías telefónicas estan violando la Ley de Protección de Datos.